INTERSOSTENIA: Ciencia, Desarrollo e Innovación por la convergencia de saberes | Año 01 – Nº2 – Sept-Dic 2026
Dr. Rubén Escobedo Cabello
Universidad Autónoma del Estado de México
https://orcid.org/0000-0003-3732-6349
¿Por qué a pesar de las penas de prisión, los sistemas de vigilancia y los crecientes recursos destinados a la seguridad muchas personas vuelven a delinquir después de cumplir una condena? esta realidad ha llevado a cuestionar la eficacia de los modelos tradicionales de justicia penal y ha impulsado la búsqueda de enfoques más integrales para prevenir la reincidencia delictiva, la justicia retributiva ha predominado como mecanismo de respuesta al delito centrando sus esfuerzos en la sanción del infractor y el restablecimiento del orden jurídico, los índices de reincidencia sugieren que el castigo por sí solo no siempre logra modificar las condiciones que favorecen la repetición de conductas delictivas.La justicia restaurativa ha cobrado relevancia al proponer una visión orientada a la reparación del daño, la participación de las víctimas y la reconstrucción de los vínculos sociales afectados por el delito, este cambio de paradigma plantea interrogantes fundamentales sobre cuál de estos modelos ofrece mejores resultados para promover una reintegración efectiva y duradera.El desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis predictivo de datos y los sistemas de monitoreo electrónico está transformando las estrategias de prevención y seguimiento de la reincidencia, aunque estas herramientas ofrecen nuevas oportunidades para identificar factores de riesgo y personalizar programas de intervención también generan preocupaciones relacionadas con la privacidad, los sesgos algorítmicos y la protección de los derechos fundamentales.En este trabajo se analizarán las diferencias entre la justicia retributiva y la justicia restaurativa así como el concepto de reintegración social sostenible del delincuente, con el fin de reflexionar sobre cómo la innovación tecnológica y los nuevos enfoques de justicia pueden contribuir a una prevención más eficaz de la reincidencia delictiva.
Palabras clave: Justicia restaurativa, justicia retributiva, reincidencia delictiva, reintegración social sostenible e innovación tecnológica.
Why, despite prison sentences, surveillance systems, and increasing resources allocated to security, do many people reoffend after serving their sentence? This reality has led to questioning the effectiveness of traditional criminal justice models and has driven the search for more comprehensive approaches to prevent recidivism. Retributive justice has predominated as a response mechanism to crime, focusing its efforts on punishing the offender and restoring legal order. Recidivism rates suggest that punishment alone does not always manage to modify the conditions that favor the repetition of criminal behavior. Restorative justice has gained relevance by proposing a vision oriented towards repairing harm, victim participation, and rebuilding the social bonds affected by crime. This paradigm shift raises fundamental questions about which of these models offers better results in promoting effective and lasting reintegration. The development of technologies such as artificial intelligence, predictive data analytics, and electronic monitoring systems is transforming strategies for preventing and monitoring recidivism. Although these tools offer new opportunities to identify risk factors and personalize intervention programs, they also generate concerns related to privacy, algorithmic bias, and the protection of fundamental rights. This work will analyze the differences between retributive justice and restorative justice, as well as the concept of sustainable social reintegration of the offender, in order to reflect on how technological innovation and new approaches to justice can contribute to a more effective prevention of criminal recidivism.
Keywords: Restorative justice, retributive justice, criminal recidivism, sustainable social reintegration, and technological innovation.
1. La reincidencia delictiva como problema criminológico
La comisión de nuevas conductas delictivas es un fenómeno complejo y una de las cuestiones más controvertidas de la criminología actual. Su importancia radica en que la reincidencia permite analizar la eficacia de los modelos de justicia y de los programas orientados a la reintegración y reinserción social, entre otros aspectos. En el derecho, la reincidencia es la circunstancia, en general, en que quien ha sido condenado antes por un delito vuelve a delinquir. Sin embargo, desde la perspectiva criminológica, este concepto se amplía, pues incluye el estudio de las condiciones sociales e individuales que pueden propiciar la continuidad de las conductas delictivas en el tiempo.
Beccaria fue uno de los primeros autores en cuestionar una concepción exclusivamente punitiva de la respuesta al delito Cesare Beccaria (2011). El castigo, para este autor, no debe ser un instrumento de venganza por parte del Estado, sino que su objetivo principal debe ser la prevención de nuevos delitos. Bajo este punto de vista, no es seguro que el endurecimiento de las sanciones conduzca a una menor delincuencia. Por eso, es fundamental que haya certeza en la aplicación de las sanciones y que las instituciones funcionen eficazmente, creando confianza en el cumplimiento y respeto de la ley.
Por su parte, Durkheim (2001) sostuvo que el crimen es un fenómeno normal en todas las sociedades, debido a que estas se encuentran en constante transformación y modificación de sus valores. Desde este punto de vista, la reincidencia no debería estudiarse sólo como resultado de una decisión individual, sino también en relación con el funcionamiento de los mecanismos de integración y cohesión social. Si esos mecanismos son débiles o insuficientes, pueden crearse condiciones que hagan difícil la inserción de determinadas personas en la vida social.
Más tarde, Edwin H. Sutherland (1992), desde su teoría de la asociación diferencial, propuso que la conducta delictiva puede ser aprendida por interacción con otras personas. De acuerdo con este planteamiento, una persona puede desarrollar conductas favorables al delito, cuando se encuentra expuesta continuamente a grupos, relaciones o contextos que legitiman esas conductas. En este sentido, la reincidencia puede estar relacionada con la permanencia de esos ambientes, sobre todo cuando los procesos de reinserción social no logran transformar las condiciones en que se desenvuelve la persona.
Andrews y Bonta (2017) explican la reincidencia desde la interacción de diversos factores de riesgo. Algunos son estáticos, como los antecedentes o las condenas penales previas, mientras que otros son dinámicos y pueden ser modificados a través de una intervención adecuada, tales como las actitudes antisociales, consumo de sustancias o las relaciones con personas vinculadas con actividades delictivas. Sobre la base de estos planteamientos se desarrolló el sistema de Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR), que es uno de los modelos más respaldados internacionalmente para la evaluación y el tratamiento del riesgo de reincidencia.
Por lo tanto, la reincidencia debe entenderse como un fenómeno complejo y multifactorial. No se puede reducir su explicación a los hechos o a las características individuales de la persona que reincide en la delincuencia. Por el contrario, requiere de una aproximación integral que considere las aportaciones de la criminología, la sociología, la psicología y el derecho, así como el papel que tienen las políticas públicas, las instituciones y las condiciones sociales.
En la doctrina penal, se pueden encontrar distintas formas de clasificación de la reincidencia. Estas categorías permiten diferenciar la continuidad de las conductas delictivas y las características de las trayectorias criminales, lo cual puede contribuir al diseño de intervenciones diferenciadas. La reincidencia genérica tiene lugar cuando el nuevo delito es de distinta naturaleza del cometido con anterioridad. La reincidencia específica, por su parte, tiene lugar cuando la nueva conducta delictiva se corresponde con el mismo tipo o presenta características similares a las infracciones anteriores, lo que puede evidenciar cierta continuidad o especialización en la actividad delictiva (Mir Puig, 2020).
Desde la criminología empírica, David P. Farrington (2019) diferencia la reincidencia policial, judicial y penitenciaria. Se denomina reincidencia policial cuando una persona vuelve a tener contacto con las autoridades policiales por una nueva conducta delictiva; reincidencia judicial, cuando existe una nueva condena; y reincidencia penitenciaria, cuando una persona que ha recuperado su libertad vuelve a ingresar al sistema penitenciario.
Estas diferencias son importantes porque explican, en parte, por qué las tasas de reincidencia pueden variar mucho entre países y estudios. Los resultados dependen de la definición empleada y del indicador escogido para medir el fenómeno.
Según Maruna (2001), la reincidencia no debe entenderse simplemente como un hecho aislado, sino como parte de una trayectoria de vida. En su visión acerca del desistimiento, señala que las personas pueden ir abandonando las conductas delictivas. Este proceso puede verse favorecido cuando logran reconstruir su identidad social y establecer nuevos vínculos positivos, especialmente a través del empleo, las relaciones sociales y los procesos de reintegración.
Desde un análisis de vista crítico, el simple número de condenas puede dar una visión incompleta de la reincidencia, pues no refleja necesariamente todos los delitos cometidos. A este respecto, se debe tener en cuenta la llamada “cifra negra” de la delincuencia, es decir, aquellos hechos que no son denunciados, ni descubiertos, ni registrados por las instituciones. Asimismo, el acceso a la justicia no es homogéneo entre los distintos sectores de la población. Por ello, algunos autores han planteado la necesidad de utilizar medidas multidimensionales que incorporen variables relacionadas con la reintegración social y con las condiciones de vida de las personas tras cumplir una pena (Maruna, 2010; Farrington, 2019).
Hoy día la criminología admite que tanto el delito como la reincidencia son fenómenos multifactoriales. No hay una causa única que explique por qué una persona delinque o reincide en la delincuencia. Por el contrario, se cuenta con evidencia de que la reincidencia puede ser el resultado de la relación de factores individuales, familiares, comunitarios e institucionales.
A los factores individuales se integra el bajo autocontrol que puede relacionarse con una mayor tendencia hacia conductas impulsivas y delictivas. De igual manera, los procesos deficientes de socialización y la influencia de ciertos agentes socializadores pueden aumentar la exposición de un individuo a situaciones de riesgo. Estos factores, sumados a contextos sociales desfavorables, pueden incrementar las probabilidades de reincidencia.
Otra explicación relevante la ofrece la teoría general de la tensión propuesta por Agnew (1992). Así, las vivencias de frustración y las emociones negativas pueden estar vinculadas con situaciones como la pobreza, el desempleo, la discriminación y, más ampliamente, con la ausencia de oportunidades legítimas. Cuando el individuo se encuentra ante estas situaciones y carece de los recursos adecuados para hacerles frente, la conducta delictiva puede aparecer como una forma de responder a estas tensiones.
De igual forma, la teoría de la desorganización social desarrollada por Shaw y McKay (1942) y retomada posteriormente por Sampson, Raudenbush y Earls (1997) afirma que ciertas condiciones comunitarias pueden propiciar la delincuencia. La pobreza, la debilidad del control social informal y el deterioro de las instituciones pueden limitar la capacidad de la comunidad para prevenir conductas delictivas y favorecer procesos adecuados de integración social. En este sentido, ciertos entornos pueden llegar a convertirse en factores que incrementan la realización de un delito y el riesgo de reincidencia.
Según Andrews y Bonta (2017), existen diversas necesidades criminógenas centrales o factores que deben tenerse en cuenta cuando se trata de evaluar y atender el riesgo de reincidencia. Los principales son los antecedentes delictivos, los patrones de personalidad y conducta antisocial, las actitudes favorables al delito, las relaciones con personas vinculadas con actividades delictivas, los conflictos familiares y de pareja, las dificultades relacionadas con el empleo y la educación, así como el consumo de sustancias. Estos factores son particularmente importantes porque algunos de ellos pueden cambiarse mediante intervenciones apropiadas.
De ahí que, en la evaluación de la reincidencia, se consideren de forma conjunta tanto los elementos de riesgo como la posibilidad de intervenir sobre aquellos que son modificables. No se trata sólo de identificar quién tiene más riesgo, también se trata de analizar cuáles son sus necesidades criminógenas, y qué tipo de intervención puede reducir efectivamente.
A través de una mirada crítica, la creciente población carcelaria no es necesariamente un indicador de una eficaz política de seguridad pública. La prisión puede ser una respuesta que no tiene mucho sentido ante problemas como la pobreza, la desigualdad, la exclusión o falta de oportunidades. En ese sentido, el aumento de las penas o el crecimiento de la preventividad no garantizan, por sí sólo, una merma en la criminalidad o de la reincidencia.
De acuerdo a Michel Foucault (2002) la prisión a partir de su funcionamiento puede llegar a hablar de un etiquetado y exclusión social. En lugar de fomentar la reducción de la criminalidad, el sistema carcelario puede ayudar a fortalecer algunas identidades delincuenciales y obstaculizar la reinserción de las personas cuando recuperan su libertad. Desde este punto de vista, la prisión reproduce relaciones de poder y condiciones sociales que dificultan los procesos de reinserción social.
El éxito o el fracaso de la persona para no volver a cometer un delito no son un análisis suficiente para entender la reincidencia. Es fundamental que se evalúe, la efectividad de las políticas públicas, de los programas de reinserción social y de las condiciones sociales en que todas las personas desarrollan sus proyectos de vida. En el momento en que la persona cumple la pena y vuelve a encontrarse en un contexto de exclusión, desempleo, falta de oportunidades y ausencia de redes, se restringen sus posibilidades de construir otra trayectoria.
Desde aquí hay que avanzar hacia un nuevo paradigma de prevención de la reincidencia. Este modelo debe incorporar intervenciones criminológicas que tengan un basamento empírico, las que fomenten las posibilidades de reinserción social y los mecanismos de justicia restaurativa. La utilización responsable de herramientas tecnológicas puede contribuir, asimismo, al reconocimiento precoz de factores de riesgo, al acotamiento de los seguimientos de los procesos de reintegración y al fortalecimiento de los vínculos y la comunicación entre las instituciones y las personas que se proponen reconstruir su proyecto de vida.
En resumen, para evitar la reincidencia no es solo que una persona no delinca de nuevo. Involves creating social, family, educational and labor conditions so that real alternatives can be built against crime. De acuerdo a lo anterior, la respuesta criminológica debe trascender lo meramente punitivo para proyectarse hacia la prevención, la intervención basada en las evidencias, la justicia restaurativa y el fortalecimiento de los procesos de reinserción.
2. Del paradigma del castigo al paradigma restaurativo
La evolución de los sistemas de justicia penal, hace décadas, responde a un enfoque en el control social mediante el castigo. Este modelo, que se ha desplegado con gran éxito en otras esferas sociales, como escuelas y empresas, en busca de una mejor convivencia, comenzaría a ser cada vez más aplicado en el ámbito del crimen completo. En esto, pesa la revelación de que el aumento de penas y elaboraciones de política criminal que se sostiene en la conocida “mano dura”, no han logrado, por sí solos, reducir la criminalidad y las tasas de reincidencia de forma sostenida. Numerosos estudios muestran que los sistemas punitivos generan exclusión social, efectúan procesos de estigmatización y dificultan la reinserción de las personas sancionadas (Braithwaite, 1989; Cullen et al., 2018).
Según la criminología contemporánea, el delito no es solo una contravención a la norma jurídica, sino un quebrantamiento de las relaciones interpersonales y comunitarias que produce lesiones materiales, psicológicas y sociales.
En este sentido, la justicia restaurativa se presenta como un modelo que busca reparar los daños causados y reconstruir las relaciones afectadas. El modelo restaurativo destaca el protagonismo de los afectados, es decir, de la víctima, del infractor y, cuando sea procedente, de la comunidad. Esto se da en contraposición al modelo retributivo (este último incluye la intervención del Estado por medio de una pena). La responsabilidad no se entiende solamente como el cumplimiento de una condena, en la actualidad, empieza a tener relación con la reparación y la reconstrucción de los vínculos sociales (Zehr, 2015).
Esta evidencia reconoce que es necesario fomentar la instauración de procesos restaurativos que satisfagan las necesidades de las víctimas, personas infractoras y comunidad, que intermediariamente, cuando sea posible, los mecanismos orientados a reparar el daño y a la participación de las partes (Naciones Unidas, 2002). Asimismo, las Reglas Nelson Mandela indican que uno de los fines fundamentales de los sistemas penitenciarios debe ser la socialización de los sujetos privadas de libertad y su posterior reinserción en la comunidad.
De acuerdo con la ONU (2015), es necesario realizar programas educativos, laborales y de tratamiento individualizado a fin de disminuir el riesgo de reincidencia.
Desde una postura crítica, implica una transformación en el modo tradicional de entendimiento de la materia. Se trata de una transformación que va de una concepción centrada mayoritariamente en la respuesta del estado frente al delito hacia otra que contemple el uso de mecanismos de diálogo, participación y solución de conflictos, sobre todo cuando las circunstancias del caso permiten mantener o restablecer los vínculos sociales. No obstante, la justicia restaurativa se enfrenta con dificultades que pueden ser muy potentes como por ejemplo la cultura punitiva y el uso de la prisión como respuesta principal ante el delito.
La justicia restaurativa se basa en principios que hacen posible replantear tanto la concepción del delito como la respuesta institucional a este fenómeno. Howard Zehr (2015), uno de los principales elementos de este modelo, afirma que el delito debe entenderse principalmente como un daño causado a las personas y a las comunidades, y no sólo como la violación de una norma jurídica. Bajo este punto de vista, la justicia debe enfocarse en descubrir las necesidades que emergen como resultado del conflicto y decidir cuáles medidas son necesarias para atender y resarcir los daños causados.
A los principales elementos de la justicia restaurativa pertenecen la participación activa del infractor, la reparación del daño, el consentimiento informado y voluntario de las partes, el diálogo, la participación comunitaria y el respeto a la dignidad. Estos principios permiten construir procedimientos orientados a la solución de los conflictos donde las necesidades de la víctima y la responsabilidad del infractor adquieren un papel central, sin desconocer las funciones que le corresponden al Estado dentro del sistema de justicia penal (Braithwaite, 1989).
Una de las contribuciones teóricas más importantes para entender este modelo es la teoría de la vergüenza reintegrativa elaborada por John Braithwaite (1989). Desde este punto de vista, la desaprobación social de la conducta delictiva puede ser más eficaz cuando se dirige a la conducta y no a la persona en su totalidad. Por el contrario, la estigmatización permanente puede favorecer la consolidación de identidades delictivas y dificultar los procesos de reintegración. Si la sanción del comportamiento se acompaña de oportunidades reales de reinserción en la comunidad, se facilitan los procesos de resistencia y se puede contribuir a disminuir la reincidencia.
En la misma línea, Tony Marshall (1999) define la justicia restaurativa como un proceso mediante el cual las personas que tienen un interés legítimo en un delito se organizan para resolver colectivamente las cuestiones relativas a sus consecuencias y a la manera de atenderlas en el futuro. Esta concepción resalta el carácter participativo y colaborativo del modelo, al permitir que las soluciones se construyen de acuerdo con los elementos y necesidades particulares de cada caso.
Los principios restaurativos no tienen necesariamente por objeto reemplazar la función del Estado en el juzgamiento de los delitos. Por el contrario, pueden contribuir a reforzar el sistema de justicia penal a través de mecanismos que fomenten la rendición de cuentas, la resarcición del daño y la prevención de futuras conductas delictivas. Una de sus principales aportaciones es que, más allá de ocuparse de las consecuencias jurídicas del delito, intenta comprender y abordar algunos factores personales, familiares y sociales relacionados con la conducta delictiva.
Una diferencia esencial entre la justicia restaurativa y el modelo retributivo, está justamente en el lugar que ocupa la reparación del daño. En el modelo retributivo, la respuesta esencial del Estado frente al delito suele verse en la imposición y ejecución de la pena. Con el enfoque restaurativo, por otra parte, el cumplimiento de una sanción no garantiza necesariamente la resolución del conflicto o el tratamiento de los daños producidos. Por ello, se sostiene que una respuesta adecuada debe considerar las consecuencias que la conducta delictiva produjo en la víctima, su familia y la comunidad (Zehr, 2015).
Por tanto, la reparación ha de entenderse desde una perspectiva integral. Esto significa que no debe reducirse a la dimensión económica, sino que debe tener en cuenta los aspectos materiales, morales, psicológicos, simbólicos y sociales derivados del delito. En ciertos casos, una indemnización económica puede no bastar para cubrir todos los efectos que produce la conducta delictiva. Por lo tanto, es posible que se requieran mecanismos no monetarios, tales como disculpas públicas, compromisos de no repetición, servicio comunitario y participación en programas de rehabilitación (Van Ness & Strong, 2015).
En el plano global son reconocidas como reparaciones integrales que incluyen la restitución, la indemnización, la rehabilitación y la garantía de no repetición. Estos elementos figuran en los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos a obtener reparación, aprobados por la Resolución A/RES/60/147 (Naciones Unidas, 2005). Por lo tanto, ahora los sistemas de justicia han caminado hacia modelos orientados a la participación de las víctimas en la definición de las medidas para reparar los daños.
Desde un punto de vista crítico la reparación presenta varias dificultades. Es posible que los medios económicos del infractor no alcancen para la reparación material, y que la entera reparación de ciertos daños sea imposible. La justicia restaurativa tiene en cuenta el problema y sostiene que, si bien la reparación puede tener un sentido compensatorio, no se agota en la restitución material. Se propone, además, restaurar la confianza, reconocer la dignidad del otro, y fortalecer los lazos sociales que se han visto dañados. En este sentido, el enfoque restaurativo puede ayudar a fortalecer la legitimidad del sistema de justicia y a mitigar algunos de los efectos de revictimización que pueden ocurrir en los procesos penales tradicionales.
A lo largo de gran parte de los antecedentes del derecho penal, la víctima tuvo un papel secundario en el proceso, al ir asumiendo de forma progresiva por el Estado el monopolio del ejercicio del *ius puniendi*. Esta problemática fue abordada por Nils Christie (1977) quien hizo referencia a la apropiación del conflicto por parte del Estado, de modo tal que las personas directamente afectadas por la ocurrencia del delito pierden capacidad de intervención en la forma de resolver los conflictos que más les conciernen. Desde esta perspectiva, la justicia restaurativa implica un cambio fundamental porque reconoce a la víctima como un actor, pero no un interesado, que contribuye a la construcción de soluciones.
A través de la participación voluntaria de las víctimas es posible crear un espacio en el que las víctimas puedan manifestar o expresar lo que les ha ocasionado el delito en sus vidas y en el de su familia, hacer preguntas al infractor, obtener respuestas y participar en la creación de un acuerdo restaurativo que se ajuste a sus necesidades, en particular. (Zehr, 2015) Esta participación puede ayudar a recuperar el control, que la víctima ha perdido como consecuencia del delito, así como a mejorar el modo en que lo percibe.
La información también ha mostrado ciertos efectos positivos de los mecanismos restaurativos. Según el estudio de Sherman y Strang (2007), algunas experiencias de justicia restaurativa pueden ayudar a reducir el miedo de las víctimas y fortalecer sus percepciones de justicia. Ciertos programas han mostrado resultados positivos en lo que respecta a la reincidencia; eso sí, si se han dado en contextos propicios y con mecanismos de intervención.
La participación de las víctimas, no obstante, debe estar organizada sobre unas exigencias de voluntariedad, de seguridad y de garantizar los derechos. La justicia restaurativa no es una solución para cualquier delito y en cualquier circunstancia. Se debe tener en cuenta, la existencia de relaciones desiguales de poder, el riesgo de intimidación, y las posibles consecuencias físicas o emocionales para la víctima. Resulta fundamental evaluar cada caso de manera particular para determinar si el proceso restaurativo es pertinente y así proteger en todo momento los derechos humanos.
La resarcición del daño a las víctimas y la reintegración social de las personas infractoras son dos de los objetivos centrales del paradigma restaurativo contemporáneo. La preocupación por la reincidencia delictiva es algo que la criminología actual y las políticas públicas comparten.
La justicia restaurativa propone, en este sentido, superar la idea de que el cumplimiento de una condena sea necesariamente el punto final de la intervención del Estado.
El modelo tradicional, la que se le otorga una pena como respuesta institucional; por el contrario, la justicia restaurativa considera necesario acompañar a la persona infractora, en la reconstrucción de su plan de vida y vínculos sociales, para reducir la probabilidad de que vuelva a delinquir. La intervención no ha de limitarse, por ende, al mero castigo, sino que ha de orientarse también hacia la responsabilidad, la reparación, la reintegración.
En este sentido, el proceso de desistimiento delictivo, desarrollado ampliamente a partir de los trabajos de Shadd Maruna (2001), permite pensar que el abandono de la conducta delictiva se relaciona con la posibilidad de que esa persona pueda construir una identidad distinta a la relacionada con el delito. Cuando el sujeto accede a ocasiones válidas de inclusión y reconocimiento y logra reconstruir vínculos positivos en su comunidad, la transformación de esta identidad puede ser favorecida.
La liberación de alguien de un centro penitenciario no es tampoco reintegración social. Para que ésta sea efectiva, se requiere de implementar políticas públicas que incorporen educación, capacitación laboral, asistencia psicológica, acceso a servicios públicos y fortalecimiento de las relaciones familiares y comunitarios. Sin estas condiciones, salir de prisión puede ser el inicio de una nueva exclusión.
De acuerdo a Joan Petersilia (2003), las personas liberadas de prisión se ven expuestas a diversas barreras estructurales que les dificultan la reinserción social, tales como la discriminación en el trabajo, la falta de oportunidades y los problemas de acceso a algunos servicios. Las condiciones descritas limitan la potencialidad de construir proyectos de vida sostenidos en actividades lícitas y, al mismo tiempo, incrementan la vulnerabilidad frente a nuevos procesos de criminalización y rearresto.
De ahí que sea necesaria la revisión del concepto prisión como principal herramienta de la política criminal. Si bien en determinadas ocasiones la privación de la libertad puede ser necesaria, no garantiza por sí sola la prevención del delito ni la reintegración social de las personas. Michel Foucault cuestionó las funciones disciplinarias de lo carcelario demostrando las limitaciones que tiene la prisión como mecanismo de transformación de las conductas. A partir de la mirada restaurativa, la responsabilidad frente al delito necesita ir acompañada de procesos que aporten habilidades al sujeto, fortalezcan los lazos y reparen las relaciones dañadas en lo posible.
Por lo tanto, para disminuir de forma sostenida la reincidencia, debemos dejar de lado las respuestas puramente punitivas y pasar a estrategias de intervención basadas en evidencias. Por medio de criterios de pertinencia, voluntariedad, seguridad y evaluación, los programas restaurativos pueden servir para la reparación del daño, la responsabilización del infractor y la reintegración social. Dicha justicia descriptiva consiste no sólo en una alternativa para dar respuesta a las consecuencias del delito, sino que, de acuerdo con la naturaleza del propio mecanismo, es también un camino para fortalecer la seguridad ciudadana, los derechos humanos, así como para instaurar sistemas de justicia penal más eficaces, legítimos y que prevengan las conductas delictivas.
3. Prevención de la reincidencia desde la criminología contemporánea
La criminología y política criminal contemporánea tiene como uno de sus objetivos principales la prevención de la reincidencia que su fin se encuentra estrechamente ligada a la seguridad y la salud de la comunidad. Los enfoques clásicos basan su efectividad en las sanciones cada vez más severas para disuadir a las personas a reoffender. A diferencia de estos, la criminología basada en la evidencia sostiene que el aumento de las penas tiene, por sí sólo, efectos limitados sobre la reducción del riesgo de continuidad del delito. En las últimas cuatro décadas, la investigación criminológica ha demostrado que el desistimiento delictivo depende, entre otros factores, de la correcta identificación de los elementos de riesgo y de la implementación de programas de intervención pertinentes y sustentados en evidencia científica (Andrews & Bonta, 2017; Cullen et al., 2018).
Este nuevo marco de referencia supone un cambio de modelo que implica pasar de una política criminal predominantemente reactiva a modelos preventivos basados en la investigación científica. La prevención deja de ser una responsabilidad exclusiva de las dependencias de seguridad pública y se convierte en una tarea compartida entre el Estado, la sociedad, la familia, las instituciones educativas y el sistema de justicia penal. La criminología actual parte de la premisa de que la conducta delictiva es el resultado de la interacción de múltiples factores, por lo que su prevención requiere respuestas integrales dirigidas a las condiciones que facilitan la aparición y permanencia de las conductas delictivas y, particularmente, la reincidencia (Sherman et al., 2002).
Se hace necesario cuestionar críticamente la forma en que la sociedad ha entendido el delito y la eficacia atribuida al encarcelamiento como la principal respuesta frente a la criminalidad. Otros autores, como Francis Cullen, han advertido que las políticas penales centradas exclusivamente en el castigo pueden tener elevados costos económicos y sociales, sin garantizar necesariamente una disminución sostenible de la delincuencia. Una política penal centrada exclusivamente en la prisión puede no ser suficiente si no va acompañada de programas de tratamiento, educación, formación y reinserción social.
La criminología contemporánea, al integrar diferentes teorías, permite comprender las causas y condiciones relacionadas con la conducta delictiva y, en función de esto, diseñar estrategias orientadas a prevenir la reincidencia. Por la complejidad del fenómeno criminal, ninguna teoría, por sí sola, puede explicar todas sus causas. Por eso, la investigación actual ha desarrollado modelos integradores que consideran la interacción de factores individuales, familiares, sociales, económicos, culturales e institucionales.
Uno de estos enfoques es la Teoría del Aprendizaje Social desarrollada por Ronald Akers, a partir de los planteamientos de Edwin Sutherland. Esta visión afirma que la conducta delictiva se puede adquirir a través de la interacción social. Las personas tienen ideas buenas o malas acerca de la conducta delictiva, ven y copian ciertos comportamientos y pueden ser recompensadas o reforzadas por realizarlos. Si una persona está siempre relacionada con grupos o redes sociales donde se promueve el comportamiento antisocial, hay más probabilidades de que aprenda, se reafirme y reproduzca esos comportamientos.
Desde este punto de vista, la reincidencia puede relacionarse con la continuidad de redes sociales y contextos que refuerzan los comportamientos delictivos. Por lo tanto, las estrategias de reintegración social no deberían enfocarse exclusivamente en la persona infractora, sino que también deberían tomar en cuenta el entorno familiar, comunitario y social al cual este regresará. Modificar los patrones de interacción y fortalecer redes prosociales son elementos importantes para favorecer procesos de desistimiento y reducir el riesgo de reincidencia.
Por su parte, Robert Agnew (1992) desarrolló la Teoría General de la Tensión, desde la cual explica que determinadas experiencias negativas pueden generar emociones y estados de tensión que incrementan la probabilidad de desarrollar conductas delictivas. Estas circunstancias pueden incluir la pérdida de oportunidades legítimas, la discriminación, el desempleo, la desigualdad y la exposición a situaciones adversas. Al carecer de recursos adecuados para afrontar estas experiencias, las personas pueden acceder a respuestas ilegales como una forma de enfrentar o aliviar la tensión.
Desde el punto de vista psicológico, la Teoría General del Crimen de Gottfredson y Hirschi (1990) sostiene que un bajo nivel de autocontrol es un factor importante que explica la continuidad de ciertas conductas delictivas. Visto de esta manera, las dificultades en el desarrollo del autocontrol durante la infancia pueden aumentar la probabilidad de que se presenten conductas impulsivas orientadas hacia la gratificación inmediata y con poca consideración de sus consecuencias. Si bien la teoría ha sido criticada por dejar de lado algunos factores sociales y contextuales, aún sigue siendo una de las perspectivas más relevantes para el estudio de la conducta delictiva.
Una de las aportaciones más importantes en la prevención de la reincidencia es el modelo de Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR), desarrollado por Andrews y Bonta. El modelo se sustenta en tres principios básicos que guían la intervención con personas que han cometido delitos.
El primer principio es el riesgo, en el sentido de que la realizaciónde la intervención debe ser apropiada al nivel de riesgo de reincidencia de la persona. Quienes tienen mayor riesgo necesitan intervenciones más intensas, mientras que los de bajo riesgo deben evitar intervenciones innecesariamente intensas que puedan ser perjudiciales.
El segundo es el principio de necesidad, el cual señala que la intervención debe enfocarse principalmente en las necesidades criminógenas, es decir, aquellos elementos dinámicos relacionados con la conducta delictiva que pueden ser modificados mediante una intervención adecuada.
El tercer principio es el de responsividad, que requiere que las estrategias de intervención se adapten a las características, capacidades, estilos de aprendizaje y circunstancias particulares de cada persona. No basta con identificar los factores de riesgo, sino que también se debe determinar cuál es la mejor forma de intervenir teniendo en cuenta las características individuales del infractor.
El modelo RNR es particularmente importante porque se basa en intervenciones estructuradas, individualizadas y respaldadas por la evidencia. Su correcta aplicación permite dirigir los recursos hacia los factores que tienen mayor relación con la reincidencia y evitar intervenciones indiscriminadas que no se corresponden con las necesidades reales de las personas (Andrews & Bonta, 2017).
Entre los criterios destaca el del desistimiento delictivo (Maruna, 2001). Según esta perspectiva, el prevenir la nueva victimización no consiste solamente en identificar y controlar factores de riesgos, sino también en generar oportunidades reales para que las personas puedan construir nuevas formas de vida desvinculadas de la conducta delictiva. El desistimiento es un proceso transformativo a través del cual, la persona puede reconstruir su identidad, desarrollar proyectos de vida legítimos y establecer vínculos sociales que faciliten su integración comunitaria.
Es su combinación la que evidencia el carácter multicausal. El fenómeno en cuestión no puede ser explicado sólo a partir de una variable. Ya sea individual, psicológica o social. Tiene que ser a partir de la interacción de diversas variables. Es necesaria la construcción de políticas criminales multidisciplinarias, preventivas y basadas en evidencia científica.
La prevención del crimen ha vivido una evolución que va desde los modelos más centrados en la respuesta penal, a un desarrollo de estrategias diferenciadas en función del momento de la intervención sobre los factores asociados a la conducta delictiva. Una de las clasificaciones más utilizadas es la propuesta por Brantingham y Faust (1976) que distingue tres tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria.
La prevención primaria hace referencia a un conjunto de actuaciones cuya finalidad es conseguir que se consuma el hecho delictivo. Este nivel incluye acciones vinculadas a la educación, la salud, el empleo, la vivienda y el fortalecimiento de las familias. Con el fin de fomentar la modificación de las conductas y hábitos que provocan el consumo de drogas. Desde esta perspectiva, la inversión en prevención puede traer importantes ventajas sociales y económicas en comparación con una política que se funda de manera más importante en el encierro (Waller, 2006).
La prevención secundaria se ocupa de quienes accidentalmente están más en riesgo de realizar algún delito, y pone la atención en el conjunto de personas, grupos o ambientes que mostrarán ciertas características a la sociedad. El objetivo es intervenir a tiempo, antes de que esas conductas se afirmen. En este nivel se crearán estrategias como programas de intervención temprana, atención psicológica, prevención del abandono escolar, tratamiento de adicciones y desarrollo de habilidades socioemocionales. Parafrasear esto resulta especialmente importante la intervención precoz, ya que puede reducir la probabilidad de que determinadas trayectorias de riesgo se conviertan en recientes carreras delictivas. (Farrington, 2007)
La prevención terciaria tiene como destinatario a quien ya cometió un hecho delictivo con el fin de que no delinquiera de nuevo. Las estrategias de reinserción y reintegración social, la capacitación laboral, la educación, la intervención psicológica, los programas de tratamiento, el servicio comunitario y los mecanismos de justicia restaurativa son algunas de las cosas que se mencionan en este nivel. A partir de este enfoque, se considera que la prisión representa una fase de intervención y reinserción social que debe ser y no el último eslabón en la respuesta al delito (Petersilia, 2003).
A pesar de que se cuenta con avances que deben tomarse en cuenta, en el mundo de la justicia penal del delito se sigue contando con una importante parte que concentra sus esfuerzos en las respuestas terciarias, en especial el encarcelamiento, mientras que hay insuficientes fondos dedicados a la prevención primaria y secundaria. Esta condición favorece la posibilidad de un círculo de exclusión y de reincidencia, ya que las personas retornan a contextos sociales que no han variado y que, además, encuentran barreras para acceder a la educación, trabajo, vivienda y otros servicios básicos.
Tanto la prevención como la represión del delito son aspectos que deben ser abordados en los diversos niveles de los Estados. Es necesario que se actúe temprano sobre los factores de riesgo y que se fortalezcan los factores de protección y que se acompañe a la persona que cometió un delito en su reinserción. En consecuencia, la lucha contra la reincidencia exige que la atención a la seguridad pública se combine con la educación, el empleo, la atención social y la justicia y la participación de la comunidad.
Para la criminología contemporánea, el desafío es ya no averiguar cómo castigar más a quien delinque, sino averiguar qué intervenciones son realmente efectivas para que no delinca más. A medida que se avanza hacia un enfoque de política criminal basada en la evidencia, deben ir sustituyéndose poco a poco las respuestas punitivas por estrategias preventivas, individualizadas y evaluables que contribuyan a reducir la reincidencia, favorecer la reinserción y aportar a la seguridad pública sostenible.
4. Innovación tecnológica aplicada a la prevención del delito
En los últimos veinte años, el desenvolvimiento de las tecnologías digitales ha cambiado de manera relevante la actuación del Estado en un ámbito de la seguridad pública y la justicia penal. El procesamiento de un gran volumen de información, la identificación de patrones en actividades delictivas y la elaboración de modelos predictivos son habilitados por herramientas como el Big Data, la inteligencia artificial, el machine learning y otros en tanto que facilitan la asignación más eficiente de recursos institucionales. En este sentido, la innovación tecnológica ya no es una herramienta complementaria y ha pasado a ser un componente estratégico de las políticas actuales de prevención del delito, señala Berk (2018).
La inteligencia artificial plantea una cuestión interesante para la criminología basada en la evidencia. Si pueden usarse modelos aditivos que analizan grandes cantidades de datos para algunas decisiones, entonces, por qué no usarlos en lugar de confiar solo en el juicio de los operadores. Especialmente considerando que estas herramientas pueden encontrar patrones que pocos detectan con una valoración subjetiva.
Desde esta perspectiva, los medios tecnológicos pueden ayudar a mejorar la calidad de determinadas decisiones. Al mismo tiempo, su uso puede dar lugar a retos importantes en materia de derechos humanos, respecto a la transparencia y a la explicabilidad de los algoritmos, a la protección de los datos personales, así como a la posibilidad de que reproduzcan o amplifiquen sesgos discriminatorios. Que se encuentran registradas en las bases de datos de entrenamiento (Angwin et al., 2016; Barocas & Selbst, 2016).
Por consiguiente, el intento de la justicia no debe ser sustituido por la argumentación jurídica ni por la decisión humana, sino que la innovación tecnológica debe ser vista como una herramienta. Su uso se justifica solamente si ayuda a obtener mayor objetividad, proporcionalidad y eficacia en las acciones institucionales, sin que se desnaturalizan las garantías fundamentales de los procesos penales.La inteligencia artificial se puede comprender como un conjunto de técnicas computacionales cuyo fin es crear sistemas que puedan llevar a cabo actividades que habitualmente se relacionan con las capacidades cognitivas de los humanos, tales como el aprendizaje, el razonamiento, la toma de decisiones etc. (Russell & Norvig, 2021). En el campo de la justicia penal, su incorporación ha sido progresiva y hoy en día puede encontrarse en actividades tales como la investigación policial, la gestión penitenciaria, la evaluación de riesgos y el diseño de políticas públicas.
Una de las aplicaciones más importantes de esta herramienta es el hallazgo de las variables asociadas a la reincidencia. Los modelos computacionales facilitan el análisis de grandes cantidades de variables criminológicas al mismo tiempo y la detección de las relaciones complejas entre ellas. No como algunos modelos estadísticos tradicionales, que pueden enfocarse en relaciones particulares entre variables, tales como historial delictivo, condiciones socioeconómicas, nivel educativo, consumo de sustancias, o comportamiento durante la internación, los algoritmos de inteligencia artificial pueden procesar múltiples variables al mismo tiempo y descubrir patrones que no son necesariamente obvios con métodos convencionales (Berk, 2018).
Sin embargo, el hecho de que los algoritmos puedan procesar grandes cantidades de información no implica que sus resultados sean necesariamente objetivos o neutrales. Varios estudios han advertido que los sistemas de inteligencia artificial pueden producir sesgos existentes en las bases de datos con que se capacitan. Por ejemplo, Angwin et al. (2016) detectó diferencias en la asignación de riesgo entre distintos grupos raciales al analizar ciertos sistemas comerciales de evaluación de riesgos. En líneas similares, Barocas y Selbst (2016) señalan que cuando los sistemas automatizados se alimentan de datos provenientes de contextos históricos marcados por prácticas discriminatorias, existe el riesgo de que sean los propios algoritmos los que reproduzcan dichas desigualdades.
Es por ello que la inteligencia artificial no debe sustituir el criterio del operador jurídico, sino funcionar como instrumento de apoyo para la toma de decisiones. Deben estar sujetos a estos sistemas los principios de transparencia, explicabilidad, supervisión humana y rendición de cuentas. Asimismo, su uso ha de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, sobre todo cuando sus resultados puedan afectar a la libertad, a la seguridad jurídica o a cualquier otro ámbito protegido de las personas.
Análisis de datos masivos en el delito.
La locución Big Data da cuenta del manejo y el análisis de mucha información que difieren en cuanto a la velocidad, variedad y complejidad de los datos, los cuales pueden desbordar las técnicas de análisis más convencionales (Mayer-Schönberger y Cukier, 2013). En el ámbito de la seguridad pública y la justicia penal, esta tecnología es apta para integrar y procesar información proveniente de diversos sistemas, como registros policiales, bases de datos de seguridad pública, sistemas penitenciarios, expedientes judiciales, información censal, redes sociales y datos geoespaciales, todo en el marco del orden jurídico.
Una de las grandes contribuciones del Big Data es que permite la realización de análisis amplios y dinámicos de la delincuencia. El análisis intensivo de datos servirá para identificar patrones en cuanto a los lugares, momentos y modalidades delictivas, así como también a algunas características delictivas asociadas a la reincidencia. Aporta información que permite orientar la distribución de la actuación institucional. También puede contribuir a identificar zonas de mayor y menor incidencia delictiva.
Desde esta perspectiva, la diseminación y el análisis de grandes volúmenes de información nos ayuda a comprender el delito como un fenómeno multicausal y dinámico. Los datos se pueden actualizar constantemente y así permitir la captura de tendencias, relaciones y patrones que contribuyan al diseño de estrategias preventivas más focalizadas. En este sentido, Kitchin (2014) indica que el análisis masivo de datos tiene una gran capacidad. No obstante, comprende fenómenos complejos y apoya los procesos de toma de decisiones.
Sin embargo, el uso de Big Data también plantea problemas éticos y jurídicos importantes en relación a la intimidad, la protección de datos personale, la seguridad de la información entre otros Tal y como advierte O'Neil, 2016, se da la circunstancia de que “los modelos construidos a partir de grandes volúmenes de datos pueden parecer mecanismos objetivos y científicos. En realidad, más a menudo de lo que piensa la gente, reproducen formas de desigualdad que ya existen en los datos de origen.” Estos sesgos no son siempre visibles para quienes utilizan los resultados generados por estos modelos.
Por tanto, la utilización del *Big Data* por parte de las administraciones públicas necesita de la definición de estándares que garanticen la calidad, la seguridad, la trazabilidad y la actualización de los datos. Se tienen que establecer mecanismos que establezcan la rendición de cuentas para conocer cómo se recoge, se procesa y se usa la información, en especial si puede tener efectos sobre los derechos de las personas.
Análisis predictivo y diversas tácticas.
La técnica que permite calcular la probabilidad de que sucesos futuros se realicen a partir de actividades pasadas, es el análisis predictivo. En criminología, estas herramientas pueden servir para estimar algunos riesgos de reincidencia, ubicar lugares con mayor probabilidad de ocurrencia delictiva y ayudar a asignar estratégicamente los recursos institucionales (Berk, 2018).
Según Perry et al (2013), los modelos predictivos deben ser utilizados para disipar una decisión estratégica y no para obtener una valoración mecánica de la culpabilidad de alguien. Su utilización puede resultar importante para la planificación de políticas de seguridad, la localización de programas de tratamiento, la distribución de recursos o el seguimiento de ciertos procesos de intervención.
Es importante tener en cuenta que, en términos de probabilidad, una predicción no es un hecho futuro. Según el Derecho, este es un aspecto especialmente relevante, ya que una persona no puede ser considerada culpable ni ver restringidos sus derechos por el solo hecho de que un algoritmo determine que existe determinada probabilidad que cometa un delito.
La utilización de predicciones algorítmicas como justificación automatizada de la privación de la libertad de una persona podría colisionar con fundamentos básicos como la presunción de inocencia, el debido proceso, la legalidad, la individualización de las decisiones jurídicas. En consecuencia, los recursos para el análisis predictivo deben ser concebidos como tendencias que deberán ser controladas por un humano. El valor de la investigación está, además, relacionado con los tipos de datos que se utilizan, pero también con la metodología adoptada y con una adecuada interpretación de los resultados.
Inteligencia artificial y explicaciones.
Se conoce como aprendizaje automático o *machine learning*, a la inteligencia artificial que trata de hacer que un algoritmo encuentre patrones en grandes cantidades de datos, sin que se le programe explícitamente para cada caso posible (Goodfellow et al, 2016).
Estas técnicas hacen evidente algunas combinaciones de variables que están asociadas a la reincidencia que, por otra parte, son difíciles de detectar con otros métodos estadísticos. Los modelos supervisados, por ejemplo, aprenden a partir de datos históricos para estimar nuevas situaciones. En cambio, los modelos no supervisados pueden aplicarse para descubrir grupos o perfiles que presentan rasgos similares entre sí.
Es uno de los principales retos del aprendizaje automático: la interpretabilidad de los resultados. Ciertas funciones algorítmicas ofrecen comportamientos difíciles de explicar, incluso para sus creadores. Estos se pueden describir como “cajas negras”, dado que ese término es ambiguo y no tiene validez en un análisis técnico. Resulta de vital importancia cuando estamos frente a un algoritmo que pueda incidir en decisiones en materia de derechos humanos.
La inteligencia artificial explicable, en este sentido, es muy relevante. Construcción de sistemas que adviertan a qué variables debe una predicción, permitiría que jueces, autoridades penitenciarias, defensores y los evaluados entenderán, cuestionaran y revisarán el resultado. No sólo es una cuestión técnica, es una condición necesaria para asegurar la legitimidad de las decisiones que incorporan herramientas algorítmicas.
IA para predecir riesgo de reincidencia.
La criminología ha vuelto a utilizar la inteligencia artificial para analizar el riesgo que sufre una persona. Estos instrumentos no pueden confundirse con los sistemas automatizados de sentencia, porque no están diseñados para decidir el resultado de un caso en concreto; más bien su finalidad es procesar un conjunto de variables para realizar una estimación de algún nivel de riesgo. Pueden considerarse antecedentes penales, circunstancias familiares, nivel educacional, empleo, consumo de sustancias y ciertas facetas del comportamiento institucional.
Estas herramientas ayudan a reducir ciertos aspectos de la subjetividad en la evaluación del riesgo, aunque tampoco están exentos de errores y sesgos. Dressel y Farid (2018) cuestionan la idea de que los sistemas algorítmicos sean superiores o más justos que las valoraciones humanas. El uso de variables asociadas a la condición socioeconómica o a características demográficas puede provocar disparidades en los resultados entre determinados grupos.
Las evaluaciones de riesgo y necesidades criminógenas deben ser utilizadas ante todo para orientar intervenciones preventivas y programas de reinserción social.
No deben transformarse en procedimientos automáticos respecto de la libertad de un sujeto, su condena o el acceso a beneficios penitenciarios.
Toda decisión que afecte derechos tiene que estar bajo control humano y debidamente fundamentada, motivada.Tecnologías digitales y reintegración social
También la digitalización ha cambiado algunos programas de reinserción social. Las plataformas digitales pueden facilitar el acceso a la educación, la formación laboral, y los servicios de orientación y seguimiento posteriores a la liberación.
Varios sistemas penitenciarios han incorporado plataformas virtuales con la finalidad de proporcionar formación académica y desarrollar habilidades sociales durante el cumplimiento de la pena. Estos recursos pueden ser de utilidad para mantener la continuidad educativa y facilitar la transición de las personas privativas de la libertad hacia la vida en sociedad (Yukhnenko et al., 2020).
De igual manera, el empleo de dispositivos móviles y sistemas digitales de seguimiento puede facilitar la comunicación entre personas liberadas y profesionales, como trabajadores sociales, psicólogos y personal de los servicios de supervisión. Esto permite individualizar los proyectos de reinserción y un seguimiento más constante de las necesidades de cada persona.
Pero la tecnología, de por sí, no garantiza la efectividad de los programas de reinserción. Su utilidad puede ser limitada cuando los sistemas penitenciarios carecen de infraestructura tecnológica, conectividad, recursos económicos o programas de alfabetización digital. Por lo tanto, el uso de herramientas digitales debe ir acompañado de una inversión en infraestructura, formación y políticas que garanticen un acceso equitativo a las tecnologías.
Vigilancia penitenciaria y vigilancia comunitaria
También en el campo del monitoreo penitenciario ha habido una importante transformación tecnológica. Hoy en día existen dispositivos de vigilancia electrónica, sistemas biométricos, cámaras de videovigilancia, detectores de movimiento, plataformas digitales para la vigilancia comunitaria. Estas herramientas pueden contribuir al cumplimiento de ciertas medidas judiciales y apoyar los procesos de reintegración social.
Ejemplo de ello es el uso de dispositivos electrónicos de monitoreo, que pueden ser una alternativa o un complemento a la privación de la libertad en ciertos contextos. Su uso puede facilitar el cumplimiento de medidas cautelares de libertad vigilada por parte de algunas personas, preservando sus vínculos familiares, educativos y laborales. También puede ayudar a reducir algunos de los costos relacionados con el encarcelamiento, siempre y cuando se lleve a cabo dentro de un modelo integral de apoyo y acompañamiento (Nellis, 2014).
De igual manera, los expedientes electrónicos y los sistemas de gestión penitenciaria permiten registrar y dar seguimiento al tratamiento individualizado, los avances educativos, las evaluaciones psicológicas y la coordinación entre distintas instituciones. Estas herramientas pueden mejorar la gestión de la información y propiciar una mayor continuidad de los procesos de atención y reinserción.
El crecimiento de esta tecnología además parece traer consigo un conjunto de problemas vinculados a la privacidad y la vigilancia. Lyon (2018) La tecnología de vigilancia, registro y análisis de información no puede ser nunca excusa para que haya mecanismos de control excesivos, permanentes o discriminatorios.
La digitalización de la seguridad pública y la justicia es una gran oportunidad para mejorar la prevención del delito, la valoración de riesgos, la gestión de los centros penitenciarios y los procesos de reinserción social. La utilización de IA para la ejecución del modelo debe ir acompañada de unos límites jurídicos claros, así como de unos mecanismos de supervisión humana, de una transparencia algorítmica y de una efectiva protección de los datos de las personas.
La tecnología debe facilitar la construcción de una justicia penal más eficiente y que use evidencias, pero nunca debe sustituir la responsabilidad de las instituciones ni el razonamiento jurídico de los decisores. Su verdadero potencial no consiste en reemplazar el trabajo humano. Consiste en darnos mejores herramientas para entender el fenómeno criminal. Asimismo, identificar factores de riesgo, orientar intervenciones y fortalecer estrategias que prevengan la reincidencia. De esta manera, la innovación tecnológica puede convertirse en un instrumento para mejorar la seguridad pública sin menoscabar los principios de legalidad, proporcionalidad, debido proceso , respeto a los derechos humanos entre otros.
5. Reincidencia delictiva: Fundamento jurídico.
La Constitución Política fundamenta la justicia penal y la ejecución de sanciones en México. Con las reformas constitucionales de 2008 y 2011 se establece un modelo orientado a la protección de los derechos humanos, el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la reinserción social de los sujetos privados de libertad. Como resultado de estas transformaciones se modifica sustantivamente la concepción clásica del sistema penal. En efecto, ya no se puede limitar la respuesta al delito al solo castigo del responsable sino que necesariamente debe incluir la protección de la víctima así como la reparación de su daño. Asimismo, debe incluir la reinserción y la no reincidencia.
El sistema penitenciario mexicano tiene como bases el artículo 18 constitucional que señala que el sistema penitenciario debe organizarse con base en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte, entre otros, con el fin de lograr la reinserción social de la persona sentenciada y procurar que no vuelva a delinquir. El artículo 20 de la Constitución reconoce los derechos de la persona imputada y de la víctima u ofendido así como los principios que regularán el proceso penal acusatorio. La transformación del sistema penal mexicano se ha ido adecuando a un modelo que concilia el castigo del Estado con la protección de derechos, la reparación del daño, la reinserción social. Estos dos preceptos son fundamentales.Desde el punto de vista crítico, los contenidos de estos artículos significan un importante avance normativo, pero aún existe una distancia considerable entre el reconocimiento constitucional de estos principios y su implementación práctica. La sobrepoblación carcelaria, la falta de recursos, las deficiencias de infraestructura y el acceso restringido a los programas de educación, trabajo, deporte, psicología y formación dificultan el cumplimiento efectivo de la ordenación constitucional.
Esta situación muestra una tensión entre el modelo normativo y las condiciones reales del sistema penitenciario mexicano, lo cual limita la capacidad de las instituciones para prevenir eficazmente la reincidencia y garantizar una reinserción social efectiva.
Ley de ejecución penal del país.
La Ley de Ejecución Penal (LNEP) es el principal cuerpo normativo que fundamenta la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, y los procedimientos relacionados a las personas privadas de la libertad. La Ley de Ejecución regula los principios contenidos en el artículo 18 de la Constitución Política. Es importante ya que establece que las sanciones se ejecutarán con garantía a los derechos humanos. Esto es con el fin de obtener la reinserción social.
A partir de la LNEP se produce un cambio de significación en la concepción de la administración penitenciaria, dejando atrás la idea de que se trata de la ejecución de una pena, consistente en el encierro de una persona, por un tiempo determinado.
De manera opuesta, plantea un modelo de intervención que considere el tratamiento individualizado, la atención a las insuficiencias de los privados de libertad y la participación de los órganos jurisdiccionales en el control de la ejecución de la pena.
Al respecto, la ley establece las bases de una intervención integral orientada a la reinserción social, conforme a los componentes previstos en el artículo 18 constitucional: educación, trabajo, capacitación para el trabajo, salud y deporte. El fin no es únicamente el cumplir materialmente con una sentencia, sino generar condiciones que permitan a la persona desarrollar capacidades y herramientas para su respuesta a la sociedad y disminuir las probabilidades de reincidencia.
Desde esta perspectiva, la ejecución de la pena debe concebirse como un proceso progresivo de intervención y preparación para la vida en libertad, en el que se van identificando y satisfaciendo las necesidades de cada uno a través de programas individualizados. La educación, la capacitación en el trabajo, la atención de salud física, mental y el fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios son elementos que podrían resultar relevantes para reducir factores asociados a la reincidencia.
No obstante, los efectos de la Ley de Ejecución Penal están condicionados por diferentes factores estructurales. El sistema penitenciario en México tiene problemas de sobrepoblación, deficiencia de recursos humanos, materiales, insuficiencia de infraestructura, falta de personal especializado y escasa cobertura de programas educativos, laborales y psicosociales. Las condiciones que presenta Venezuela dificultan los objetivos que plantean las leyes.
A través de esto se produce una distancia entre el diseño normativo y su efectivización. Aunque existen normas que facilitan el regreso a la comunidad de las personas que delinquieron, las condiciones que enfrentan en la institución puede mermar dicha capacidad y la de prevención de reincidencia. Por ello, para la correcta implementación de la LNEP, no basta que existan las normas jurídicas adecuadas. También es menester contar con suficientes recursos, personal técnico especializado, infraestructura y políticas públicas con evidencia.
La LNEP, a su vez, plantea un marco normativo que puede permitir la irrupción responsable de tecnologías en la ejecución de las sanciones. Los sistemas de evaluación de riesgo, las plataformas digitales para la formación y educación, los expedientes electrónicos y las herramientas de control pueden ayudar a reforzar el tratamiento personalizado y a mejorar el control de los procesos de reinserción social.
La incorporación de tecnología en la administración penitenciaria debe ser guiada y sometida a criterios de legalidad, transparencia, protección de datos, supervisión humana y derechos humanos. La tecnología debe ser un soporte para las estructuras penitenciarias y judiciales, pero en ningún caso puede reemplazar la apreciación jurídica, técnica y humana que ha de acompañar aquellas decisiones que afecten derechos fundamentales.
Por lo tanto, la Ley de Ejecución Penal representa la definitiva transformación en el sentido del modelo penitenciario. Los mecanismos de coordinación son útiles para responder a desafíos de gestión en el sector público. Sin embargo, requieren de condiciones institucionales que habiliten su implementación.
Es indispensable que se profesionalice al personal penitenciario; que se disponga de recursos suficientes; que se evalúe de forma permanente los programas y que se generen políticas públicas evidencia en referencia al sistema penitenciario para obtener resultados concretos que deriven de una realidad superior a la que establece el mandato constitucional y legal.
Código nacional de procedimientos penales.
El Código procesal penal, o CNPP, regula el proceso penal acusatorio en México. Esto establece las reglas bajo las cuales debe desarrollarse la investigación, el enjuiciamiento de los delitos, así como también que se respeten los derechos humanos y las garantías del debido proceso.
El CNPP se refiere a un sistema que fue instaurado en la Constitución Federal y cuya vigencia comenzó en 2014. El 2014 se publicó el Código, cuyo objetivo era establecer reglas procesales correspondientes a todo el país, además de reforzar los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación. Entre otros
La importancia que tiene para la prevención de la reincidencia es que prevé modalidades para la resolución de ciertas controversias en el plano penal, sin depender necesariamente del encierro. Estas consideraciones se hacen aún más relevantes si se tiene en cuenta que, por sí sola, la cárcel no producía una disminución de la reincidencia, sino que, en ciertas circunstancias, podría generar efectos de exclusión social que obstaculizan la reinserción.
Una de las aportaciones más valiosas que nos ofrece el CNPP es el propio régimen de sus mecanismos alternativos de solución de controversias y de las formas de terminación anticipada del proceso, como son estos acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado entre otros. Por medio de estos mecanismos se busca, en función de lo que establece la ley, obtener soluciones más rápidas y, en algunos casos, orientadas a la reparación del daño y a la responsabilidad de la persona imputada.
Según el paradigma de la justicia restaurativa, estos elementos pueden contribuir a una modificación de la lógica punitiva del sistema penal.
Al no tener una perspectiva punitiva, permite tener en cuenta las necesidades de la víctima, la reparación del daño, la responsabilidad de la persona imputada, en vez de solo la sanción. Así, el proceso penal puede incorporar una dimensión que facilite la reparación de las relaciones perjudicadas por la actividad delictiva.
Asimismo, el CNPP reitera grantizar los derechos de las personas, tanto de la víctima u ofendido como del imputado. Se debe entender esta protección dentro del marco constitucional y de las obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. La defensa de la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, los derechos de las víctimas no deben ser vistos como obstáculos para la persecución del delito, sino como condiciones necesarias para la legitimidad del sistema de justicia penal.
No obstante, que en el ordenamiento jurídico existan mecanismos alternativos no asegura per se que los mismos se apliquen. Se observan en la práctica restricciones culturales, institucionales y de capacitación que pueden favorecer la aplicación esencialmente punitiva. De ahí que se corre el riesgo de no utilizar adecuadamente los mecanismos restaurativos y las alternativas a la pena de prisión.
Por lo tanto, es vital fortalecer la capacitación de jueces, fiscales, defensores, asesores jurídicos y otros operadores del sistema de justicia, ampliar el conocimiento sobre los mecanismos alternativos, mejorar los sistemas de gestión y seguimiento e incorporar herramientas tecnológicas bajo criterios de legalidad y protección de derechos. Todo esto puede cooperar a ir formando un sistema penal no sólo eficaz en la persecución del delito, sino también en la reparación, la reinserción social, la prevención de la reincidencia.
El marco constitucional y legal de México ha venido teniendo una importante transformación en la forma de entender la justicia penal. La evolución de la CNDH en su función de defensa de derechos humanos, así como el impacto que esto ha tenido en los estudios y líneas críticas de diferentes agentes estatales, han permitido que a través de la constante aplicación y no sólo remisión a los instrumentos de derechos humanos que la Comisión implementa que sus recomendaciones cada vez tienen más un corte administrativo que punitivo.
El problema más grave no es sólo que haya normas adecuadas sino que esas normas se cumplan eficazmente . Superar la distancia entre el contenido de la legislación y el contexto de la operatividad del sistema de justicia penal, constituyen condiciones para la prevención de la reincidencia. Serán necesarios a tal efecto suficientes recursos, instituciones fortalecidas o reforzadas, personal especializado, programas de intervención basados en evidencia y mecanismos de evaluación que permitan determinar cuáles son las estrategias que producen más resultados.
La reinserción social no puede conceptualizarse como una consecuencia automática del cumplimiento de la pena, sino más bien como un proceso progresivo e integral que se inicia con la ejecución de la sanción y que continúa tras la liberación. La articulación del marco constitucional, la legislación penal, las políticas públicas y las herramientas tecnológicas puede colaborar para construir un sistema de justicia más humano, eficaz y que contribuya de forma sostenible a la reducción de la reincidencia delictiva.
6. Análisis crítico de los datos estadísticos
Agnew, R. (1992). Fundamentos de una teoría general de la tensión sobre el delito y la delincuencia. Criminología, 30(1), 47–87. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x
Akers, R. L. (1998). Aprendizaje social y estructura social: Una teoría general del delito y la desviación. Northeastern University Press.
Andrews, D. A., & Bonta, J. (2017). La psicología de la conducta criminal (6.ª ed.). Routledge.
Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., & Kirchner, L. (2016). Sesgo de las máquinas: Evaluaciones de riesgo y discriminación en las decisiones judiciales penales. ProPublica.
Barocas, S., & Selbst, A. D. (2016). Impacto desigual del Big Data. Revista de Derecho de California, 104(3), 671–732.
Beccaria, C. (2011). De los delitos y de las penas. Alianza Editorial. (Trabajo original publicado en 1764).
Berk, R. (2018). Evaluaciones de riesgo mediante aprendizaje automático en contextos de justicia penal. Springer.
Braithwaite, J. (1989). Delito, vergüenza y reintegración. Cambridge University Press.
Brantingham, P. J., & Faust, F. L. (1976). Un modelo conceptual de prevención del delito. Delito y delincuencia, 22(3), 284–296.
Christie, N. (1977). Los conflictos como propiedad. Revista Británica de Criminología, 17(1), 1–15. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bjc.a046783
Código Nacional de Procedimientos Penales. (2014). Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (1917). Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Cullen, F. T., Jonson, C. L., & Nagin, D. S. (2018). Las prisiones no reducen la reincidencia: El alto costo de ignorar la ciencia. Revista Penitenciaria, 98(4), 398–427. https://doi.org/10.1177/0032885518784895
Dressel, J., & Farid, H. (2018). La precisión, imparcialidad y límites de la predicción de la reincidencia. Avances de la Ciencia, 4(1), eaao5580.
Durkheim, É. (2001). Las reglas del método sociológico. Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1895).
Farrington, D. P. (2007). Factores de riesgo durante la infancia y prevención orientada al riesgo. En M. Maguire, R. Morgan, & R. Reiner (Eds.), Manual Oxford de criminología (4.ª ed., pp. 602–640). Oxford University Press.
Farrington, D. P. (2019). La teoría integrada del potencial antisocial cognitivo (ICAP). Routledge.
Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores. (Trabajo original publicado en 1975).
Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Aprendizaje profundo. MIT Press.
Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). Una teoría general del delito. Stanford University Press.